Como una moneda al aire, el vértigo por el que viene transcurriendo la economía argentina en los últimos cuatro meses muestra los primeros resultados de la política económica elegida para enfrentar el fantasma de la hiperinflación y la cesación de pagos.
Por un lado, el índice de precios al consumidor se encamina a quedar por debajo de los dos dígitos por primera vez en seis meses; las reservas netas del Banco Central están próximas a dejar de estar en rojo, los bonos soberanos recuperaron en este lapso cerca del 70% de su valor y se revisan las predicciones futuras sobre las principales variables macroeconómicas luego del anuncio del superávit financiero (el operativo más el pago de deuda) del primer trimestre. Casi un paraíso financiero. Pero al mismo tiempo, la larga sombra de ese mismo torniquete fiscal, también afectó el nivel de actividad de marzo (-8,5% interanual, según la estimación de la consultora Equilibra); las jubilaciones tienen que recurrir al anabólico del pago de bonos para compensar la espera del trimestre y el ajuste que tomará viejos índices y los salarios proyectan una caída de poder adquisitivo de -18% para los salarios formales en junio con respecto a noviembre pasado (estimación de Equilibra), pero mucho mayor, lógicamente, para los informales. Casi un páramo en la economía real.
Lo que moviliza esta grieta entre ambos universos económicos es si la proyección anual terminará convergiendo en lo que funciona fluidamente o se irá derrumbando.
El camino elegido por el Gobierno fue una combinación de liberación de los precios controlados, fuerte devaluación y una licuación del gasto público. La anunciada “motosierra” perdió protagonismo, al menos en el primer trimestre del año, por el impacto de la aceleración inflacionaria sobre los gastos que tenían una reacción más lenta o que preveían escalones de actualización y se llevaron al peor parte del ajuste.
La palabra “ajuste” fue una de las más utilizadas en las últimas semanas, no sólo por los detractores de la política oficial sino también por el Gobierno. El mismo Presidente alardea que al haber pasado en sólo un trimestre de resultado fiscal de -0,7% a uno de +0,2% es un logro singular, dado la inercia inflacionaria con la que venía la economía que dificulta un aumento de la recaudación tributaria. Es por eso, que la baja drástica del gasto era la única forma de lograr esos resultados en tan corto tiempo. Lo que el ahora denostado Carlos Melconian denominó “licuadora y motosierra”.
La diferencia entre ambas formas del hachazo fiscal es que la licuadora se realiza a medida que los precios lo van motorizando y no de un día para otro. El alza del IPC del 90% entre diciembre y marzo es suficiente para licuar muchas partidas y la principal (no la única) es la previsional. En este mismo lapso, el tipo de cambio oficial creció 141%, los precios regulados saltaron 131%, los salarios formales el 51% (RIPTE) y el gran perdedor fue el dólar financiero (contado con liquidación -CCL-): sólo 22% de aumento.
Según las estimaciones del economista Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, la mayor carga del ajuste interanual del gasto del primer trimestre de 2024 cayó sobre las espaldas de los jubilados: 35% de todo el sacrificio fiscal se lo llevó el gasto previsional, seguido por la inversión real (paralización de la obra pública o inicio de nuevas) con el 15%, transferencias a las provincias (13%) por el corte de partidas discrecionales y la eterna discusión de financiación de las cajas jubilatorias locales, subsidios a la energía (8%) por aumento de tarifas y al transporte (7%); por citar a las más voluminosas (casi 80% del total). Sin embargo, en la semana vimos la intensidad con la que la comunidad universitaria se movilizó en contra del impacto de dicho ajuste sobre los ingresos del sistema, que el IARAF lo dimensiona en $264.000 millones (a valores de marzo de 2024) pero que representa el 3% del total de dicho ahorro. La respuesta tiene dos aristas: por un lado, al no haberse sancionado el presupuesto nacional de 2024 (por un acuerdo entre los candidatos presidenciales antes de la segunda vuelta) las transferencias del Tesoro para el sistema de las universidades nacionales (50 en total), tanto para gastos corrientes como para salarios (el mayor porcentaje) quedaba congelado y sujeto a negociación para aumentar. Una mala praxis en las cuentas públicas que, probablemente, obligará de ahora en más a tomar más en serio la confección y discusión del presupuesto en cuestión. La otra explicación tiene que ver con la proyección del ajuste tendría, en este contexto, sobre los ingresos de las universidades. Dado que para el Gobierno Nacional el gasto en Educación es, básicamente, el universitario (los niveles preprimario, primario, secundario y terciario son de jurisdicción provincial), es notable cómo el desfinanciamiento se puede observar a medida que la inflación reinaba: tomado como un porcentaje del PBI, en 2018 se asignó el 0,81%, el año pasado 0,73% y si nada cambia, 2024 el aporte será de 0,22%; según una estimación del economista Javier Curcio sobre los datos oficiales. Un derrumbe.
Mientras esto ocurre, la inflación se desaceleró muy fuerte. En la estimación que hace la consultora Eco Go, el rubro más sensible, Alimentos y Bebidas, tuvo un aumento en la tercera semana de abril de las últimas cuatro medidas de 5,1% contra 37,5% que se observó en la misma semana del pasado diciembre y una proyección de +9,1% para el IPC del mes (sin considerar la baja en los valores de las prepagas). Un freno notable.
Al mismo tiempo, los economistas hacen cálculos para comprender en qué semana las reservas netas del Banco Central saldrán a la superficie. Desde diciembre, el Gobierno pudo reponer US$14.000 millones y para Invecq ya se pueden contabilizar +US$732 millones en su haber. Claro que la razón de este éxito tiene que ver con el impulso inicial de la devaluación en la liquidación de exportaciones retenidas, primero, en la continuidad de la postergación de pagos, luego y en la drástica reducción de importaciones por la recesión, más tarde.
Esta combinación espera, para seguir aspirando dólares, que la cosecha gruesa se pueda ir liquidando con normalidad, cosa que los malos precios de la soja (-15% con respecto a abril de 2023) y la afectación del maíz por la plata de la chicharrita, amenazan.
El equipo económico apuesta a que sobre estas bases puedan negociar algunas soluciones con los sectores afectados, dando tiempo a que la sanción de las leyes que consideran vitales (recreación del impuesto a los Ingresos de las personas físicas, nueva actualización de los haberes jubilatorios y ahora del financiamiento universitario) y una incipiente recuperación de la actividad económica a partir del tercer trimestre junto a una baja aún mayor de la inflación pueda facilitar otro hito que es el de la liberación del cepo para enfilarse a la unificación cambiaria. Un signo de normalidad económica más que su causante. (Perfil - TRISTÁN RODRÍGUEZ LOREDO Editor de Economía)
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